En el mes de febrero, el mandatario obtuvo un segundo mandato, a pesar de que la Carta Magna no permite la reelección consecutiva. Su partido posee una mayoría significativa en el Congreso, base sobre la cual desarrolló cambios que posibilitaron su candidatura y agilizan la aprobación de leyes con escasas restricciones.
Extensión del régimen de excepción
A partir de marzo de 2022, se instauró un estado de emergencia que suprime derechos esenciales, abarcando el proceso debido y limitaciones a las libertades civiles. Inicialmente diseñado como una medida temporal ante el incremento de asesinatos relacionados con pandillas, el estado ha sido extendido más de 30 veces con el respaldo del poder legislativo.
Este mecanismo ha permitido más de 85,000 detenciones arbitrarias, con unidades mixtas de seguridad desplegadas a gran escala. La cifra incluye a menores de edad detenidos bajo acusaciones de estar vinculados al crimen organizado ‑‑un escenario criticado por exponerlos a procedimientos inadecuados y castigos.
Infracciones registradas y censura global
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han clasificado estas acciones como violaciones sistemáticas: arrestos sin justificación, abuso, torturas, despidos forzosos y significativas deficiencias en el proceso judicial hrw.org. Informes subrayan que menores de edad están siendo llevados a prisiones estándar para adultos, contraviniendo normas internacionales que prohíben dicha práctica. Al menos 368 individuos han fallecido en estos lugares durante este lapso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, aunque el marco constitucional permite la suspensión de garantías en situaciones de emergencia, esta suspensión debe ser temporal y proporcional. En este escenario, se ha transformado en una acción abusiva e indefinida, generando graves repercusiones políticas y sociales.
Sistema penitenciario extenso y hacinamiento
Para dar soporte al régimen, se construyó el polémico CECOT, una instalación penitenciaria con capacidad para más de 40,000 reclusos, pero que opera en condiciones inhumanas: alto hacinamiento y régimen carcelario estricto. Esta mega-cárcel ha sido definida como un “agujero negro” de derechos humanos donde se priva de recreación y visitas, y se imponen castigos severos sin supervisión real.
Los establecimientos penitenciarios en el país han llegado a un punto de saturación: la cantidad de personas encarceladas excede las 94,000, aunque la infraestructura disponible solo puede alojar entre 30,000 y 70,000 con las mejoras recientes amnesty.org+4es.wikipedia.org+4theguardian.com+4. Dentro de este sistema extremadamente congestionado, las detenciones en gran escala son comunes, las sentencias rápidas prevalecen, y las condiciones adversas amenazan la seguridad física de los reclusos.
Respaldo ciudadano y encrucijada democrática
Aunque el sacrificio de libertades es significativo, el régimen sigue gozando de un alto nivel de aceptación. Las autoridades sostienen que la decisión pone la seguridad pública en primer lugar, y una buena porción del pueblo apoya esta postura debido a la notable caída en las tasas de asesinatos.
Sin embargo, organismos internacionales y agentes jurídicos han advertido de que este modelo autoritario, validado por el poder legislativo consolidado por el Ejecutivo, representa una erosión de los frenos institucionales y el respeto al Estado de derecho .
Preocupación por menores y deportados
Ha surgido una crítica intensa acerca del traslado de menores a prisiones para adultos, lo que infringe derechos esenciales y pone en riesgo las infraestructuras diseñadas para situaciones particulares.
Además, Human Rights Watch describe las expulsiones desde Estados Unidos como «desapariciones forzadas» cuando las personas retornadas son detenidas sin un proceso adecuado o cargos válidos.
Conclusión final: ¿protección sacrificando libertades?
El desempeño en términos de seguridad es indiscutible: El Salvador ha mostrado durante varios años cifras históricamente bajas en homicidios y concluyó 2024 con una tasa de 1.9 por cada 100,000 habitantes.
No obstante, la táctica ha desviado derechos esenciales y ha debilitado de forma drástica instituciones como la Fiscalía y la Corte Suprema, las cuales están completamente bajo el control del Ejecutivo elpais.com.
El dilema es profundo: ¿vale la pena sacrificar garantas constitucionales, libertades civiles y derechos humanos por una seguridad autoprestigiosa? El futuro plantea desafíos: la institucionalización de este modelo y su permanencia tras el régimen de excepción.