Adif paraliza la megacausa por el cartel ferroviario

Adif ha dado un giro radical a su estrategia jurídica para reclamar a las empresas implicadas en el llamado ‘cártel ferroviario’ los daños y perjuicios económicos causados ​​por sus prácticas contrarias a la competencia y ha renunciado a contratar, al menos de momento, a un personal especializado en asuntos de competencia para defender sus intereses en esta macrocausa, la primera en la que una entidad de la administración público exige reparación por práctica anticompetitiva.

La Dirección de Adif ha decidido suspender el proceso de contratación abierto en octubre de 2021 para interponer un despacho especializado en materias de competencia que el proporcionara asistencia jurídica en la preparación de las demandas de daños y perjuicios en los tres flancos en los que aspiraban a dar la batalla legal a las empresas señaladas por la CNMV por sus prácticas abusivas: por la adopción de acuerdos de reparto de contratos en el mercado para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación de líneas ferroviarias de alta velocidad; por el reparto de licitaciones públicas convocadas en ese mismo ámbito; y por la adopción de acuerdos de reparto de contratos en el mercado para el mantenimiento se sistemas de electrificación de líneas ferroviarias de tren convencional.

La empresa argumentó al informar que la suspensión del proceso de contratación se justificó por la demora en la adjudicación del contrato, postergado en varias ocasiones por las denuncias presentadas por los despachos que no resultaron adjudicatarios, y adelanta que se ha probado el proceso judicial. en estos casi dos años de espera han modificado de forma sustancial el panorama judicial queda por delante y han restado sentido a buena parte de los trámites jurídicos que se pretendían agilizar con el contrato.

Explica que en el momento en que se complete el contrato uno de los objetos se interpondrán las correspondientes solicitudes de reparación de daños, pero qu’a día de hoy 19 de los 30 procedimientos interpuestos ya solo están pendientes de votación y fallo, y del restaurante muchos están tiene en la fase de conclusiones, lo que se convirtió en estéril su personación en esta fase del procedimiento. Entiende, además, que en función de si la Audiencia Nacional, cuya sentencia sobre el caso se espera para las próximas semanas, ratifica o no la resolución de la CNMC algunas empresas sancionadas podrían desistir de litigar y optar por tratar de alcanzar un acuerdo de reparación de daños y perjuicios bilateral con ADIF al margen de los tribunales lo que agilizaría y abarataría los costes del procedimiento de demanda de daños y perjuicios.

relictación

En este caso, desde Adif se señalan periódicamente que la decisión no significa renunciar a “ejercer las acciones legales que correspondan para reclamar los daños y perjuicios derivados del cartel contra las empresas responsables”. Y señalaran que, en consencuencia, podrá iniciar una nueva licitación cuando se den las condiciones técnicas favorables para garantizar «la mejor defensa de nuestros interesados».

El litigio tiene su origen en el dictamen que la CNMC cerró en 2019, por lo que tiene sanción a 15 empresas por formar varios carteles para el reparto de concursos públicos de infraestructura ferroviaria de Adif. En términos concretos, licitaciones relacionadas con sistemas de electrificación y electromecánica para las líneas de tren convencional y alta velocidad. La multa impuesta a estas compañías por Competencia asciende a 118 millones de euros.

En el primero de esos carteles, el relacionado con la electrificación de líneas AVE, participan en las 15 sociedades a las que pertenecen: Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren-ACS, Neopul-Sacyr, Citracc, y Eym. Según Competencia, entre 2008 y 2016 ha repartido 24 contratos de construcción y mantenimiento para la electrificación del AVE por valor de 837 millones de euros.

Las empresas involucradas actúan a través de las Uniones Temporales de Empresas (UTE) ya que actúan con las licitaciones y pactan y distribuyen las facturas y márgenes por separado. Según, la CNMC, La estrategia consistía en que dichas uniones ‒cuya formación era previamente acordada entre las empresas‒ que fueran adjudicatarias de los contratos cedidos un import de la producción y margin de profite a las no adjudicatarias, que presentarían ofertas de cobertura o acompañamiento no ganadoras para simular concurrencia competitiva en la licitación.

El Segundo de los Cártelescreado para la electrificación del convenio, operado entre mayo de 2002 y noviembre de 2016. Según Competencia, los hechos acreditados indican que las diez empresas que crearon este cartel (Elecnor, Cobra, Semi, Inabensa, Cymi, Alstom, Electren, Siemens , Telice y Eym) adoptó acuerdos en relación con, al menos, 239 licitaciones, de las que 173 resultaron finalmente adjudicadas y ganadas por empresas del cartel, con una importación total repartida entre las empresas de 134 millones de euros.

Una puja de tres millones

El proceso de licitación abierto por ADIF, dotado con un presupuesto inicial de tres millones de euros, devino en una dura competencia entre algunos de los despachos más reputados del país en materia de competencia como Roca Junyent, Cremades & Calvo Sotelo, Broseta u Ontier, that acudieron a la licitación aprovechó también por el hecho de tratarse de la primera macrocausa por reclamación de daños ilícitos colusorios que entablaba una administración pública en España, lo que se iluminó que podría tener un efecto arrastre en el futuro.

El contrato se adjudicó en sus tres lotes en mayo de 2022 al bufete Ontier, pero nunca llegó a alcanzar la operatividad porque la adjudicación se desencadenó un rosario de reclamaciones ante la Junta Consultiva de Contratación Pública que en principio paralizaron la adjudicación y en última instancia forzaron una revisión del proceso, ya que los organismos dependientes del Ministerio de Hacienda dirán la razón a uno de los despachos reclamantes, en términos concretos del exministro de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero, Francisco Caamaño, que objetó la sanción que se aplicado en el proceso por presunta rebaja temeraria.