El mundo enfrenta una cuenta regresiva climática que ya no admite dilaciones. A una década del Acuerdo de París, los compromisos, los avances y las brechas se miden no en discursos, sino en grados de temperatura, impactos reales y decisiones que marcarán el futuro de las próximas generaciones.
En 2015, casi doscientos países acordaron un marco común para enfrentar la mayor amenaza ambiental de la era moderna: el cambio climático. El Acuerdo de París estableció como objetivo central limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales, una cifra que, más que un número técnico, representaba una línea de defensa para la estabilidad de los ecosistemas, las economías y la vida humana. Diez años después, esa meta sigue siendo el principal referente, pero el contexto es más urgente y desafiante. Las proyecciones actuales indican que, con los compromisos vigentes, el planeta se encamina a un aumento de entre 2,6 y 3,1 °C, un escenario que multiplicaría los riesgos climáticos, sociales y económicos a escala global.
El año 2024 marcó un punto de inflexión simbólico y alarmante: por primera vez, la temperatura media anual del planeta superó el umbral de 1,5 °C. Este hito no implica que el objetivo esté definitivamente perdido, pero sí confirma que la ventana de acción se estrecha rápidamente. El mensaje es inequívoco: la acción climática dejó de ser una aspiración estratégica para convertirse en una urgencia estructural que atraviesa todas las dimensiones del desarrollo.
El Acuerdo de París como guía en un entorno cada vez más volátil
El valor del Acuerdo de París no radica únicamente en sus metas numéricas, sino en haber establecido una dirección compartida en un sistema internacional fragmentado. Por primera vez, países desarrollados y en desarrollo asumieron compromisos climáticos bajo un marco común, con revisiones periódicas y un principio de progresividad que obliga a aumentar la ambición con el tiempo.
Aunque se han anunciado numerosos compromisos, la distancia entre esas promesas y las reducciones reales de emisiones continúa siendo amplia. La economía mundial sigue fuertemente anclada a los combustibles fósiles, y los conflictos geopolíticos, las fricciones comerciales y diversas crisis energéticas han puesto en entredicho la coherencia de las políticas climáticas en numerosas regiones. En este escenario, honrar el espíritu del Acuerdo de París demanda mucho más que simples planes nacionales: se necesita una voluntad política constante, avances tecnológicos, financiamiento suficiente y la implicación activa de actores no estatales, en especial del sector privado y de la sociedad civil.
A diez años de su firma, el Acuerdo de París continúa siendo la guía que marca el rumbo de la acción climática mundial, aunque por sí mismo no asegura alcanzar la meta; la rapidez y coherencia del trayecto dependen de las decisiones que se adopten ahora, sobre todo en esta década decisiva.
Chile frente al desafío global: avances concretos y liderazgo regional
Desde su propia realidad geográfica y económica, Chile ha intentado consolidarse como un protagonista destacado en la acción climática a escala regional y global. Desde 2015, el país ha vivido un cambio significativo en su matriz energética, motivado por la convergencia de políticas públicas, capital privado y condiciones naturales especialmente propicias.
La inversión en energías renovables se incrementó hasta multiplicarse por diez en menos de una década, lo que ha permitido que actualmente más del 60 % de la electricidad provenga de fuentes limpias. El avance de la energía solar en el norte del país y el impulso de parques eólicos distribuidos por todo el territorio han posicionado a Chile como uno de los mercados más dinámicos en materia de transición energética en América Latina. A esto se suma su temprana incursión en la industria del hidrógeno verde, con iniciativas orientadas a transformar al país en un proveedor clave de combustibles limpios para apoyar la descarbonización a nivel mundial.
Estos avances no son fruto del azar. La promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático en 2022 se consolidó como un hito institucional al convertir la carbono-neutralidad para 2050 en un mandato de Estado que supera los ciclos políticos. Del mismo modo, la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en 2020 definió objetivos precisos para disminuir las emisiones de CO₂ hacia 2030, fortaleciendo así la señal estratégica de largo plazo dirigida a inversionistas y actores económicos.
La otra cara de la crisis: impactos climáticos y necesidad de adaptación
Pese a los avances en mitigación, la realidad climática ya se expresa con intensidad en el territorio chileno. La sequía prolongada impacta a cerca del 80 % del país, modificando la disponibilidad de agua para el consumo humano, la agricultura, la industria y los ecosistemas. Los incendios forestales, cada vez más habituales y severos, revelan la fragilidad de los paisajes y de las comunidades frente a eventos extremos que el cambio climático ha ido agudizando.
Estos impactos han puesto en el centro del debate la necesidad de avanzar con la misma determinación en adaptación y resiliencia. Reducir emisiones es indispensable, pero no suficiente. Las políticas climáticas deben anticipar riesgos, fortalecer capacidades locales y proteger a los sectores más expuestos, especialmente comunidades rurales, pueblos originarios y grupos socioeconómicos vulnerables.
En este contexto, la actualización de la NDC que Chile presentó en la COP30 constituyó un avance significativo. El marco renovado para el periodo 2025-2035 elevó la ambición climática e integró con mayor solidez la adaptación, la resiliencia y la justicia social como pilares esenciales de la acción climática. Este planteamiento reconoce que la transición no puede limitarse a lo tecnológico, sino que debe abarcar también las dimensiones sociales y territoriales.
Transición justa y herramientas económicas para el cambio
Uno de los elementos más relevantes de la actualización de la NDC chilena es la incorporación explícita de criterios de transición justa. Esto implica reconocer que el proceso de descarbonización genera impactos diferenciados en trabajadores, comunidades y sectores productivos, y que dichos impactos deben ser gestionados de manera anticipada y participativa.
La transición justa busca asegurar que nadie quede atrás en el proceso de transformación, promoviendo la reconversión laboral, el desarrollo de nuevas capacidades y la participación activa de los territorios en la toma de decisiones. Este enfoque es clave para sostener la legitimidad social de la acción climática y evitar que las políticas ambientales profundicen desigualdades existentes.
Junto con ello, Chile ha avanzado en la adopción de instrumentos económicos que refuercen las señales del mercado. El fortalecimiento del impuesto verde y la incorporación del precio social del carbono buscan que se internalicen los costos ambientales de las emisiones, alentando decisiones de inversión más coherentes con los objetivos climáticos. Bien concebidas, estas herramientas pueden impulsar la transición y, al mismo tiempo, generar recursos para financiar acciones de adaptación y apoyo social.
La responsabilidad de las empresas ante el cambio climático
El cumplimiento del Acuerdo de París no recae únicamente en los Estados, ya que las empresas desempeñan un rol crucial por su impacto en las emisiones y por la capacidad que tienen para innovar, invertir y transformar sus modelos productivos; en los últimos años, numerosas organizaciones han adoptado compromisos climáticos voluntarios, pero el reto vigente consiste en convertir esas promesas en estrategias concretas, medibles y sujetas a verificación.
La implementación de metas respaldadas por ciencia, la divulgación transparente de las emisiones y la incorporación de la gestión de riesgos climáticos dentro de la estrategia corporativa constituyen pasos esenciales para avanzar en esta ruta. Del mismo modo, la capacidad de las empresas para resistir eventos climáticos extremos se ha vuelto un elemento decisivo para su competitividad y la continuidad de sus operaciones.
En Chile, la colaboración entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil ha impulsado avances en este ámbito; sin embargo, persisten brechas significativas. Convertir el compromiso en acciones concretas exige fortalecer capacidades técnicas, asegurar financiamiento y adoptar una visión sostenible que incorpore a colaboradores, proveedores y comunidades.
Innovación, involucramiento y responsabilidad social compartida
La magnitud del desafío climático exige una transformación profunda de los modelos de desarrollo. Innovar no solo en tecnologías limpias, sino también en gobernanza, financiamiento y participación ciudadana, es indispensable para acelerar el cambio. La acción climática efectiva se construye desde múltiples niveles, combinando políticas nacionales con iniciativas locales y esfuerzos individuales.
La participación ciudadana desempeña un papel esencial en este proceso, ya que al informar, educar y brindar herramientas a la población se fortalece una base social capaz de respaldar las decisiones complejas que demanda la transición, desde la modificación de hábitos de consumo hasta la implementación de reformas profundas en sectores estratégicos de la economía, y sin este apoyo las políticas climáticas pueden quedar expuestas a la pérdida de continuidad o eficacia.
De igual modo, la colaboración internacional continúa siendo un elemento esencial, ya que el intercambio de aprendizajes, la difusión de tecnologías y la canalización de financiamiento climático hacia los países en desarrollo constituyen requisitos indispensables para mantener viable la meta global de 1,5 °C.
Una década decisiva para Chile y el mundo
A diez años del Acuerdo de París, Chile se encuentra en una posición estratégica. Los avances logrados en transición energética, institucionalidad climática y liderazgo regional ofrecen una base sólida para profundizar la acción en la próxima década. Sin embargo, el margen de error es mínimo. La ciencia es clara en señalar que las decisiones que se tomen entre ahora y 2035 definirán el rumbo climático del siglo.
No basta con comprometerse ni con liderar en indicadores específicos. El desafío es cumplir, escalar y acelerar. Transformar promesas en acciones concretas, medibles y verificables es la única forma de honrar el espíritu del Acuerdo de París y proteger el bienestar de las generaciones futuras.
La década que comienza será recordada como el momento en que la humanidad decidió, o no, cambiar de rumbo. Para Chile, la oportunidad es clara: liderar en América Latina una transición justa, resiliente y regenerativa que reduzca emisiones, fortalezca el tejido social y genere nuevas oportunidades económicas. El futuro climático no se define en declaraciones, sino en decisiones tomadas hoy, con urgencia, coherencia y visión de largo plazo.