La Comisión Europea presentó una semana su propuesta de nuevas reglas de la gobernanza económica de la Unión Europea (UE). La reforma es fundamental porque a partir del 31 de diciembre de 2023 finaliza la suspensión de la regla de déficit y la necesidad de estabilidad, flexibilización adoptada para hacer frente a la crisis generada por la pandemia y prolongada por el impacto de la guerra en Ucrania. La propuesta, que se asume en la práctica de una versión flexible de las anteriores políticas de austeridad, incluye objetos cuantificados, como un presupuesto anual mínimo ajustado del 0,5% del producto interior bruto (PIB) para los países que superen el límite de déficit público del 3% del PIBy programas de ajuste plurianual (pero ampliados a horizontes de 4 a 7 años) para Reducir de forma sostenida la deuda pública hasta el límite del 60% del PIB. La puesta a prueba de la reforma requerirá arduas negociaciones, hay que Alemania y otros países frugales requieren ajustes más rigurosos, pero sólo España, Francia, Italia y otros estados estiman que la propuesta es un punto de partida que requiere mucha más flexibilidad.
El Gobierno español ha decidido con buen criterio aprovechar su mayor crecimiento económico y la inversión facilitada por los fondos europeos Next Generation para adelantar a 2024 la reducción del déficit al 3% del PIB y sortar el mecanismo reforzado de disciplina presupuestaria. Pero los objetivos de la Comisión Europea no serán fáciles de alcanzar: deberán cumplirse las mejores expectativas de crecimiento y recaudación fiscal para lograrlos y al mismo tiempo mantener las inversiones públicas que han comprometido a los países de la UE en defensa, transición verde, impacto del clima climático y ayudas industriales y tecnológicas para contrarrestar los subsidios masivos de Estados Unidos y China a sus empresas. El ‘think tank’ europeo Bruegel calculó que solo la política de defensa requerirá un gasto público anual en los países de la UE equivalente al 0,7% del PIB de los medios de comunicación y que las inversiones en la transición verde requerirán otra inversión pública adicional anual de 0,6% a 1,8% del PIB. A ello hay que añadir los fondos públicos para apoyar la industria y recuperar el retraso tecnológico.
Informa de EuropaG
El as políticas de austeridad de la última década tuvieron un elevado costo: Bajo crecimiento e inversión, retraso tecnológico y un deterioro de los servicios públicos y aumento de la desigualdad qu’ha alimentado el voto del descontento y el crecimiento de la ultraderecha y la izquierda populista. Pero al mismo tiempo, que en contextos de crisis se han demostrado más eficaces las políticas expansivas del gasto que la austeridad a toda costa no implica que sean viables indefinidamente. La propuesta de la Comisión Europea aún debería ser ajustable en el sentido qu’apuntan las recomendaciones del grupo de reflexión EuropeG, ‘Hacia una nueva gobernanza fiscal en la eurozona’, elaborada por el economista Paul De Grauwe de la London School of Economics y Presentado recientemente en el Circulo de Economía de Barcelona. El informe recomendaba garantizar la sostenibilidad de la deuda pública a largo plazo pero al mismo tiempo diferenciando las reglas de vigilancia sobrio el gasto corriente y la priorización de la inversión pública nacional y europeo. La presidencia europea de España llega en un momento clave del debate.