Los paraguas de protección contra la tormenta inflacionista desplegados por el Gobierno han permitido a un buen número de hogares españoles capear mejor el temporal, pero el Banco de España estima que en lugar de buscar el volumen, el Ejecutivo debe ser más selectivo, y práctico en proteger a los más vulnerables, por ser los más expuestos a la crisis de las subidas de precios. En un análisis publicado este miércoles por Esteban García-Miralles, departamento de Análisis Económico, el supervisor concluye que solo entre el 15% y el 20% del presupuesto previsto entre 2021 y 2025 a hacer frente a la crisis energética y al repunte de la la inflación se concentra en empresas y empresas con menos recursos para afrontarla. El resto tienen un alcance relativamente generalizado.
El texto se acercó a las muy grandes rebajas tributarias acometidas por el Ejecutivo. Sobre el descuento del IVA de la electricidad y el gas y el de los alimentos señala que han supuesto ahorros fiscales relativos a mayores a los hogares de renta baja, porque estos gastos suponen una mayor proporción de su renta. No ocurre así con la bonificación de 20 céntimos por litro a los conductores en las petrolras, retirada con el cambio de año, pero que estuvo en vigor durante nueve meses. En este caso, se permitieron ahorros relativos mayores a los hogares de renta alta.
Sin embargo, si se mira el gasto absoluto que ha supuesto para las áreas públicas, las tres rebajas han beneficiado más a las personas con recursos, porque tienen a consumir más cantidades de electricidad, gas, alimentos o combustible. En esta parte final, la diferencia es abismal: se ahorraron 1.377 millones de euros en los hogares de las tres decilas superiores por la rebaja fiscal, frente a 472 millones de las decilas superiores, un 192% más. Esto lo explica con un argumento: «los hogares de menor renta dedican una menor proporción de su gasto total al consumo de combustibles». Algo menor es en el caso de los alimentos: favorece a los hogares de los últimos tres decilas superiores en 240 millones y los del mismo segmento por abajo en 142 millones, una diferencia del 70%.
El Banco de España reconoce que diseñar políticas focalizadas es más complejo, porque requiere un cribado para identificar a los hogares habilitados y hacerles llegar la ayuda de manera efectiva. Sin embargo, recoge muestras recientes de medios que se han adelantado en esta línea, como los puntuales incrementales del aporte mínimo vital o las transferencias de 200 euros a los hogares, por lo que su mercado es viable.
Según una de sus simulaciones, si se hizo una transferencia de 860 euros a los hogares vulnerables, el gasto rondaría los 4.790 millones de euros, la mitad de lo que el Estado ha dejado de ingresar con las rebajas de impuestos a la electricidad, el gas, los combustibles y los alimentos. «Estas simulaciones ponen de manifiesto que estas actuaciones alternativas permitirían lograr un grado de protección para los hogares más similar al que proporcionarían las tres medidas analizadas, pero incurriendo en un menor coste presupuestario», afirma el análisis.
El banco no solo valora el impacto positivo para los hogares más vulnerables. También su mayor eficacia para contener la inflación, dado que si las ayudas son demasiado generalizadas pueden impulsar la demanda, y con ella, las presiones inflacionistas. Además, extenderlas «afecta negativamente a la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto de márgenes de maniobra reducidos de la política fiscal en países como España». O dicho de otro modo, los entre 34.000 y 40.000 millones de euros que pueden costar estas medidas no contribuyen a que España reduzca su elevada deuda —del 113,1% a cierre de 2022—.
Otros organismos internacionales, como la Comisión Europea o el Eurogrupo, tienen en ocasiones meses atrás diagnósticos similares a los publicados por el Banco de España. Y reclamaron que las medidas anticrisis no sean indiscriminadas, y en su lugar vayan acotadas según la renta.
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