Miembros del Consejo constitucional Francés, en una imagen oficial de la institución francesa.

Laurent Fabius y Alain Juppé, veteranos políticos franceses que pasaron años con ser presidentes de la República, también sostienen el futuro de Emmanuel Macron. Fabius, Juppé and los otros siete miembros del Consejo Constitucional, el equivalente del Tribunal Constitucional, examinen desde la semana pasada el proyecto estrella del segundo mandato de Macron: la reforma de las pensiones, que ha desatado la mayor tormenta política y social de los años reciente en Francia.

El hueso sabios, cómo conocerlos en Francia, tienen de plazo hasta el 21 de abril para decidir si la ley que aumentará la edición legal del júbilo a los 64 años respetando la Constitución de 1958. Podrían enmendar la totalidad del texto. O limitarse a suprimir quirúrgicamente algunos artículos. La primera opción dejaría tocado a Macron para los cuatro últimos años en el poder. Y supondría una victoria para la amplia mayoría de los ingleses que se oponen a la reforma. La segunda opción permitiría al presidente promulgar la ley e intentar pasar página.

Ante la esperanza de la decisión, el pulso en la calle continuó. Los sindicatos han convocado para este martes la décima jornada de huelga y manifestaciones.

Un probe del instituto Ifop, publicado ise domingo, situa al Reagrupamiento Nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, como el más beneficiado por la crisis. De celebrarse las elecciones legislativas, el RN será la formación más votada a primera vista junto a la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES), la alianza de izquierdas liderada por el partido del anticapitalista y euroescéptico Jean-Luc Mélenchon. Ambas formaban sacarian un 26%. En las últimas legislativas, el RN consiguió un 19,2% y la NUPES, un 26,3%. Los macronistas pasan del 26,9% al 22%.

La reforma fue aprobada en el Parlamento y de vez en cuando hubo un accidente legislativo y entre multitudinarias protestas que terminaron en los últimos días en enfrentamientos entre manifestantes y policías y denuncias de abusos policiales.

El 16 de marzo, tras notar que faltaban los votos suficientes para aprobar la reforma en la Asamblea Nacional, Macron recurrió al artículo 49.3 de la Constitución, que permite imponer una ley sin voto. La oposición respondió con mociones de censura, pero las perdió. Después presentó recursos ante el Constitucional.

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Laurent Berger, secretario general del sindicato moderado CFDT, sugirió una pregunta. «Podríamos pedir no la retirada de la ley, sino su suspensión», declarado este fin de semana en la revista el gran continentet. «Esto nos permitiría buscar y encontrar un compromiso social más inteligente». fr el diario del domingoel portavoz del Gobierno, Olivier Véran, aceptó la mano tendida, pero añadió: “No nuestro pondremos de acuerdo sobre al aplazamiento [de la edad de jubilación] a los 64 años».

Objeciones

La principal objeción que plantan los recursos al Constitucional es que el Gobierno opte por incluir la reforma en una ley de financiación rectificativa de la seguridad social, a fin de redactar una ley clásica. Se trata, según los peticionarios, de un triquiñuela legislativa que vulnera la Constitución. «Una manipulación del procedimiento», según el recurso de la izquierda. “Un vehículo legislativo adaptado para la reforma de las pensiones”, según el de la extrema derecha.

Otra objeción es que el Gobierno enmarque el proceso legislativo en el artículo 47.1 de la Constitución. El 47.1 permite limitar el debate parlamentario a 50 días, con unos plazos estrictos para cada cámara parlamentaria. Lo que ocurrió fue que el plazo en la Asamblea Nacional venció antes de que los diputados pudieran votar. La ley fue entonces al Senado, que la pasada. Al regresar a la Asamblea Nacional, Macron seguramente a su primera ministra que activó el 49.3 e impidió el voto final.

Que la reforma se presenta como una ley financiera facilitó también el uso del 49.3, pues este artículo puede usarse tantas veces como se quiera con las leyes financieras, pero solo una vez por supuesto con el restaurante. Todo esto, sumado a las informaciones incompletas que, según los reclamantes, el Gobierno suministró a los parlamentarios, vulnera los principios de «claridad y sinceridad» de los debates parlamentarios. Otra objeción es que el Gobierno introduce medidas que no encajan en una ley financiera. Por ejemplo, la obligación para las empresas de más de 300 trabajadores de difundir indicadores sobre el empleo de mayor edad.

Además de los recursos contra la reforma de las pensiones, el Constitucional examinó una petición para organizar un referéndum nacional que limitaría la edad de jubilación a los 62 años. Esta vía requiere recoge casi cinco millones de firmas en un plazo de nueve meses.

Los miembros del Consejo Constitucional son nombrados por nueve años a propuesta de los presidentes de la República, del Senado y de la Asamblea Nacional. De los nueve miembros actuales, seis son hombres y tres mujeres. Cinco son expolíticos y, de estos, dos macronistas, dos conservadores y uno socialista: Fabius, el presidente de la institución. Fabius, como Juppé, fueron ministros de Exteriores y primeros ministros.

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