Un puñado de centros comerciales y almacenes han ardido en Rusia durante el mes de diciembre. Al menos uno de ellos había eludido las inspecciones reglamentarias recientemente, ya que había acogido a la moratoria del Kremlin para aliviar a las empresas de estas «cargas administrativas» en el contexto de la acuciante crisis económica que atraviesa Rusia por las sanciones derivadas de la luchará en Ucrania. La tragedia podría haber sido mayor: ambos incidentes ocurrieron de madrugada y solo una persona perdió la vida. Sin embargo, algunos legisladores pueden restablecer los controles porque estos dependen ahora de la buena voluntad de los empresarios, y el aumento de los incendios en este y otros negocios resulta preocupante. También del fuego, el sector de las grandes áreas se enfrenta a la bancarrota por el cerre de locales y las restricciones que han aplicado Europa y Estados Unidos por la guerra desatada contre Ucrania.

El fuego devoró el pasado 12 de diciembre el centro comercial Stroipark de Balashija, a las afueras de Moscú. Una guardia de seguridad provocó un incendio que se extendió por 10.000 metros cuadrados cuyo origen fue ubicado en la zona de materiales de construcción. “Se ha abierto una causa penal por los hechos. La pesquisa tendrá que establecer las causas y circunstancias del incendio”, indicó a través de un comunicado el Comité de Investigación ruso, un organismo del Gobierno que ejerce funciones tanto de taxía como de policía.

Pocos días después ardió el centro comercial que alquilaba la firma de menaje del hogar y bricolaje Obi al complejo Mega de Jimki, también ubicado en la provincia de Moscú. Según el Comité de Investigación, el fuego en este caso fue provocado por unas soldaduras en una obra que incumplía los requisitos mínimos de seguridad. Más de 17.000 metros cuadrados de superficie fueron por las llamas y un guardia debió en el suceso.

Aquellas instalaciones no habían sido inspeccionadas recientemente porque Obi se había acogido a la moratoria concedida por el Kremlin para aliviar a las empresas en medio de la crisis, según admitió el responsable de emergencias en la región de Moscú, Serguéi Poletikin. El suceso ha reavivado el debate sobre los riesgos de dispensar a las empresas de este control. El vicepresidente del comité de política económica de la Duma Estatal (el Parlamento ruso), el diputado Artiom Kirianov, confirmó en una entrevista con la televisión NTV que la Cámara debe revisar la ley e incluir recomendaciones para los servicios de emergencias.

Otros casos

Estos no son casos aislados. Otros almacenes de muebles ardieron el 2 de diciembre en las mediaciones de Ekaterimburgo, en la región de Sverdlovsk; y el 28 de noviembre los lamas destruyen otros 1.350 metros cuadrados del centro comercial Triumf en la ciudad de Omsk. Y si se mira más atrás, en verano fue pasto de las llamas un centro logístico de Ozon, el Amazon ruso, en Moscú. Más de 55.000 metros cuadrados fueron destruidos y otra persona perdió la vida.

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“No debemos abandonar el sentido común (…) La moratoria no incluye las inspecciones en caso de amenaza a la vida, pero no siempre se puede justificar esto para realizar un control”, apuntó Kirianov. El diputado puso como ejemplo el incendio de los almacenes de Obi, y registró además un suceso de noviembre que causó 13 muertes en la región de Kostromá, que podría haberse evitado si se hubiera inspeccionado el lugar.

Un incendio mortal siguió el 5 de noviembre cuando un veterano de la guerra de Ucrania desapareció en Bengala dentro de la discoteca Polygon durante una peea y 13 personas fallecieron debido a que las salidas estaban cerradas y había material inflamable en la habitación. El lugar no había sido revisado en nueve años. Dos días después del suceso, las autoridades de Kostromá anunciaron que tomarían medidas para incentivar a los empresarios a que solicitaran inspecciones.

Las pérdidas sufridas por las instalaciones de Obi han sido valoradas en hasta 30.000 millones de rublos, unos 450 millones de euros, según ha revelado a la agencia de noticias Interfax sus fuentes en las aseguradoras. En el caso del central de Ozón, la indemnización rondaría los 180 millones de euros.

La crítica situación del área grande y estos incendios han dado pie tiene rumores de que podrían haber sido provocados, sin que conste evidencia alguna. Según el Consejo Ruso de Centros Comerciales, la mitad de estas instalaciones, unas 200, se han declarado en bancarrota o en su proceso anterior por las deudas contraídas y el desplome de los ingresos, ya ellas se podrían sumar otro centenario en un futuro próximo.

Libre de inspección

Las inspecciones de empresas están reguladas por una ley de 2021 que establece seis niveles de riesgo, pero su cumplimiento apenas unos meses. A principios de marzo, nada más commenzar la guerra, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, anunció que su Gobierno aprobaría una “moratoria” este año para los registros obligatorios a autónomos ya pequeñas y medianas empresas.

Presionado por las sanciones y su impacto en la economía, esta medida excepcional pareció quedarse corta para el Kremlin, y el fiscal general ruso, Ígor Krasnov, anunció a la vuelta de verano que su oficina y el Ministerio de Economía estudiaban cómo extender esta dispensa a casi todas las compañías «para aliviar a los empresarios de la presión administrativa».

Finalmente, la bula prácticamente general ha sido. Mishustin emitió en octubre un decreto que exige las inspecciones a todas las empresas «cuyas actividades no están clasificadas como de riesgo alto o extremadamente alto», y extiende su validez a todo 2023. «El Gobierno continúa reformando las actividades de control para reducir aún más la carga administrativa a los empresarios», alegó el gabinete en un comunicado que dejó libre de revisión a los negocios «de riesgo moderado y significativo».

No obstante, el Ejecutivo de Mishustin lavó las manos al recalcar en su decreto que los empresarios aún “pueden solicitar una inspección profiláctica”, pues existen dos categorías de inspecciones en Rusia: estas últimas (voluntarias) y las programadas (obligatorias). La ventaja de las profilácticas es que el empresario no recibe ninguna sanción en el caso de haber cometido alguna irregularidad y, según el Ejecutivo, su porcentaje se ha disparado de representar un 5% de todas las inspecciones a sumar más del 80% en los primeros nuevos meses de este año.

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