La denuncia ante la Comisión Europea de la reforma del delito de malversación de dinero público será probablemente el resultado más relevante de la misión a España de la comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo y probablemente aparecerá en la resolución sobre la descarga del presupuesto de 2021.

Esto significa que el Ejecutivo comunitario verá aprobar sus cuentas a pesar de las lagunas que siguen pareciendo en la gestión de los fondos de reconstrucción en España, pero entre otras recomendaciones tendrán una mención en la que se le insta a que impida que los países hagan reformas legales que favorecen el fraude del dinero público, como el ha llevado en cabo en España.

De regreso a Bruselas, los miembros de la delegación del comité de control presupuestario se han puesto a trabajar en la redacción del informe de la misión del Parlamento Europeo que visitó esta semana España por los fondos europeos, que deberá ser consensuado entre sus miembros, por lo que espera que el resultado sea un documento bastante matizado y con pocas aristas incómodas. Según fuentes parlamentarias, ese informa estará en la línea de lo que fue el argumento de la comparación en Madrid de la presidenta del comité, la popular alemana Monika Hohlmeier, de que había sido previamente pactado con todos los integrantes de la misión.

Sin embargo, el objeto final y el motivo del programa y la ruta se determinarán si puede determinar la aprobación del uso de la presuposición de la UE de 2021 de la que es responsable la Comisión Europea. De haber encontrado evidencias de mal uso de esos fondos en cantidades relevantes, los eurodiputados pudieron haber considerado recomendar al resto del comité de control presupuestario no aprobar las cuentas, lo que habría creado una situación políticamente gravísima para la Comisión. Según una fuente muy próxima al comité, lo que ha marcado la diferencia en el viaje ha sido el descubrimiento para muchos de sus miembros de que el Gobierno español había aprobado una reforma del Código Penal que rebaja las penas para casos de malversación de dinero público. Por ello, antes de que se cierre el plazo para sugerir enmiendas al texto de la resolución sobre el presupuesto, los miembros de la delegación decidirán registrar una con mención explícita a este asunto, incluyendo una recomendación dirigida a la Comisión Europea para que persiga este tipo de comportamiento.

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Sus reuniones con los miembros del Gobierno que quisieron recibirlos, Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Escrivá, no sirvieron para esclarecer las cosas. Según las fuentes conocidas de esos encuentros, ninguno de los ministros quiso asumir ni explicar las razones por las que el Gobierno del que forman parte había decidido rebajar las penas para casos de malversación de fondos públicos en los que no haya enriquecimiento personal. Todos ellos dieron distintas versiones del mismo argumento según el cual no ha sido una decisión de su competencia. No se debe a mucho que se les dijera que de todos modos forman parte del Gobierno que las ha aprobado y estaban obligados a conocerlo.

estado de derecho

La Comisión ya tiene conocimiento de esta reforma, a través de las preguntas que le han hecho eurodiputados y periodistas. Por ahora, según portavoces oficiales, la doctrina básica sostiene que en este campo de la protección del dinero del presupuesto comunitario la Comisión “analizar todas las reformas relevantes en el contexto de la Directiva para la Protección de los Intereses Financieros de la Unión (PIF)» y en este caso, « revise la reforma en el contexto del informe anual sobre el Estado de derecho, en lo que respeta a las medidas anticorrupción ». Ise informa, en que queda pendiente y graba la no renovación del Consejo General del Consejo General del Poder Judicial y la negativa del Gobierno ha aceptado una reforma que amplió el papel de los jueces en la elección de sus miembros , se publicará coincidiendo con el inicio del semestre de presidencia española, lo que puede causar cierta incomodidad política. Asimismo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado en su discurso sobre el estado de la Unión en otoño que prevén aprobar una propuesta legislativa «para tipificar como delito todas las formas de corrupción en todos los Estados miembros, incluido el tráfico de influences, el enriquecimiento ilícito, el abuso de poder y la malversación”, lo que probablemente obligará a España a deshacer esa reforma hecha a la carta de los socios del Gobierno.

Está previsto que esta legislación comunitaria se presente en abril. En la comisión de control presuposicional se esperará que la resolución bajo la presuposición sea votada en comisión en marzo, porque es imposible que en el pleno coincida con la iniciativa de la Comisión pidiendo que perduren las normas anticorrupción y la resolución in the que le piden que le aclare al Gobierno español lo que piensa de la rebaja de las penas por malversación.