El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) fue de los últimos en crearse y es de los pocos que tiene su integración completa. Sus jueces tienen en sus manos un extenso listado de expedientes por presuntos hechos de corrupción que involucran a Cristina Kirchner, un Julio De Vido, un José López, un Roberto Baratta, a medio centenar de intendentes kirchneristas, también a Oscar Parrilli, ya empresarios vinculados a la obra pública.
Hace poco más de diez días, el Tribunal envió un oficio a la Corte. Allí se detallaron algunos de los casos más emblemáticos de corrupción que se encuentran bajo su responsabilidad.
«Como se sabe, las características sobresalientes de las causas reseñadas presentan una una marcada complejidad y voluminosidad de sus actuaciones, donde se añaden las enormes cajas de cantidad de cajas. Particularmente documentación y efectos», explican los magistrados en el momento de Pedir más espacio físico y personal.
En el conjunto de causas que tramitan en el TOF 7 detallado en el oficio, se encuentran imputadas 229 personas.
Los expedientes principales – sin contar infinidad de legajos e incidentes que se crean en cada causa-suman unos 420 cubos. A la vez, siempre asociados a dichas causas, «se han recibido en el tribunal un total aproximado de 240 casos con documentación y efectos, advirtiéndose que aún no se ha completado la elevación en todos los expedientes».
Los procesos judiciales cuentan con dos etapas, la de investigación y la del juicio oral. Es en esta última cuando el caso concluye con la culpabilidad o inocencia de las personas imputadas. Para que un expediente sea analizado en instante de debate, hay que cumplir con una serie de pasos previos que, en investigaciones de gran envergadura, puede prolongar los plazos por mucho tiempo.
La falta de recursos para atender esos trámites termina siendo una clave variable en la maraña de recursos y triquiñuelas procesales que en muchos casos pospusieron los juicios por años y en otros directamente los condujeron hacia la prescripción de los procesos.
En el caso particular del TOF 7, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, hay dos factores que también confluyen: es el único Tribunal que no se encuentra en Comodoro Py, sino que los jueces tienen sus despachos en el Palacio de Calle Talcahuano. Hubo un pedido formal de los magistrados para ser trasladados al sexto piso del edificio de Retiro, donde hay oficinas dispuestas, pero no próspero.
Asimismo, en este Juzgado conocerá muchos expedientes en los que se investigan presuntos hechos de corrupción cometidos durante la gestión kirchnerista.
En septiembre de 2019, TOF 7 condenó al expresidente de la Unión Industrial Argentina, Juan Carlos Lascuraina la pena de 4 años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de peculadoen una causa en la que se investigó la sustracción de 50 millones de pesos destinados a la construcción de una vía vinculada a Yacimientos Carboníferos Río Turbio que nunca se hizo.
Por haber tenido un cargo ese juicio, al TOF 7 se le remitió también la causa por la que se detuvo en 2017 a julio de vido en la que el juez Luis Rodríguez lo procesó y envió un juicio por el desvío de fondos vinculados a la mina de carbón santacruceña.
En esta investigación, Rodríguez acusó al ex ministro junto a otros ex funcionarios, entre ellos Roberto Baratapor haber malversado 176 millones de pesos que deberán conducir a la modernización y puesta en valor de YCRT. El juicio deberá realizarlo el TOF 7.
Pero el expediente estrella del Tribunal es sin dudas el de los Cuadernos de las coimas, en el que están procesadas 52 personas. Entre ellas Cristina Kirchner, como jefa de la asociación ilícita que entre 2003 y 2015 recaudó sobornos entre contratistas y proeedores del Estado. Aunque junto a la vice hay otros ex funcionarios acusados, la mayor cantidad de imputados son empresarios.
A raíz de la magnitud del expediente que además cuenta con otras derivaciones que se elevaron a juicio oral -y que también están a cargo del TOF 7- el presidente del Tribunal, el juez Mendez Signori pidió en tres tramos que las partes ofrecieron medidas de pruebas y testigos, solicitud también dirigida a la fiscal que interviene, Fabiana León. Esto significa que lo próximo que se hará es evaluar todo lo requerido, para determinar la lista de personas que testiguarán durante el debate oral y fijar una fecha de inicio mismo.
Para sustentar su pedido de más personal y que a su vez se redujera la cantidad de juicios a su cargo, los jueces del Tribunal recordaron que en sus oficinas también fueron radicadas dos investigaciones conexas a los cuadernos: el tramo que se enfocó en el lavado de cena de 70 millones de dólares por parte del fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y el que investigó los subsidios a los colectivos.
El TOF 7 también tu asignado el juicio contra 47 intendentes y ex intendentes K y los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanichpor el fraude a la administración pública por el medio del programa de manejo de residuos urbanos, que generó una pérdida de 600 millones de pesos.
No son las únicas causas a las que tuvo que dedicarse a este Tribunal. Hace pocas semanas concluyó el juicio contra el ex jefe del Ejército Durante el Gobierno de Cristina, César Milanipor enriquecimiento ilícito, en el que el general fue absuelto.
Hay más. El TOF 7 deberá llevar adelante el juicio contra Julio De Vido y el actor Andrea del Boca donde se los acusa por defraudación contra la administración pública en la realización de la novela Mamá Corazónfue financiado por el exministro de Planificación a través de la Universidad de San Martín durante la gestión kirchnerista.
La lista continúa. El Tribunal también tiene radicado uno de los expedientes donde se investigó al gigante Odebrecht. En julio de 2020 el juez federal Sebastián Casanello dio por clausurada la instrucción y elevó un juicio oral la causa que investiga el supuesto pago de coimas por parte de la firma brasileña y sus socios argentinos a ex funcionarios kirchneristas, para obtener los contratos de construcción de dos obras para la empresa estatal aysa. En el caso estan procesados Julio De Vido, José López, Roberto Barattalas antiguas directivas de AySA Raúl Biancuzzo y Carlos Benlos empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio y Jorge «Corcho» Rodríguez, Entre otros.