La UE y Kyiv deciden sobre la oficina de investigación del ‘crimen de agresión’ de Moscú
La Unión Europea (UE) y Ucrania acordaron el viernes el establecimiento en La Haya de una oficina de investigación, una especie de fiscalía provisional, destinada a recopilar pruebas de la “crimen de agresión” de Rusia. hijo pero es “para solucionar problemas en la investigación del crimen de agresión contra Ucrania, para preservar y almacenar pruebas para futuros juicios”, especificaron en una declaración conjunta en la emisión de una cumbre conjunta en Kyiv. Esta estructura es adecuada como paso intermedio antes del establecimiento de un tribunal especial para juzgar a los más altos funcionarios rusos, a petición de Kyiv.
La Corte Penal Internacional (CPI) solo tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Ucrania, no sobre los “crimen de agresión” de Rusia, porque Moscú y Kyiv no son signatarios del Tratado de Roma que establece esta jurisdicción. El crimen de agresión es imputable a los más altos dirigentes políticos y militares de un país.
La UE apoya la creación de un tribunal competente para este tipo de delitos, pero su forma exacta plantea cuestiones jurídicas complejas. La Comisión Europea ha presentado dos opciones: un tribunal internacional especial, basado en un tratado multilateral, o un tribunal híbrido, regido por la ley ucraniana pero integrado por jueces internacionales. Ucrania quisiera un tribunal especial capaz de juzgar a Vladimir Putin y basado en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero algunos países, como Alemania, dudan de que el establecimiento de tal tribunal obtenga suficiente apoyo en la ONU y quieren la creación de un tribunal híbrido.
Según la Comisión, esta oficina estará ubicada en La Haya, en la sede de Eurojust, la agencia de la UE para la cooperación judicial en materia penal. Se integrará en un “equipo conjunto de investigación”integrado ya por seis países de la UE (Lituania, Polonia, Estonia, Letonia, Eslovaquia, Rumanía) y Ucrania y en el que también participa la fiscalía de la CPI.