Fondos Europeos | Gobierno y CCAA reparten 13.600 M de fondos de la UE con contratos y ayudas, sólo un tercio de todo lo autorizado

España es acelerando el uso de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la hoja de ruta para reactivar y modernizar la economía española mediante la milmillonaria inyección de la UE. En los últimos meses, las convocatorias de licitaciones y de subvenciones con cargo al maná europeo han mejorado su ritmo, pero el reparto efectivo de los fondos -aunque también cada vez mayor- aún está por debajo de las expectativas de los beneficiarios.

El as Administraciones Públicas han autorizado en los dos últimos años gasto por 43.200 millones de euros con cargo a los fondos europeos a través de licitaciones y de subvenciones, de los que algo menos de un tercio, 13.600 millones, ya se ha repartido mediante contratos y ayudas hasta mediados del pasado noviembresegún los datos que maneja el Observatorio Fondos Next Generation EU de EsadeEcPol y EY Insights.

Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos han convocado casi 1.500 concursos de subvenciones por un importe total de importación de 28.500 millones, de los que 9.300 millones ya se han concedido en ayudassegún el último informa específicamente sobre este tipo de ayudas hecho público por el center de escuela de negocios y de la consultora

Y las Administraciones también han lanzado licitaciones por otros 14.700 millones de euros, que se ha traducido en contratos se adjudican por 4.300 millonesConfirman fuentes del Observatorio, que analizan todos los programas activados con fondos europeos mediante la captura automática de la información publicada tanto en la Base de Datos Nacional de Subvenciones como en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Subvenciones entre AAPP

Las Administraciones utilizan dos grandes instrumentos para implementar y ejecutar inversiones con cargo a los fondos europeos: las licitaciones, con las que la empresa o entidad adjudicataria deben ofcer à cambio del pago una contrarestación de bienes o servicios, y las subvenciones, que se otorgan sin que no obstante medie una contrarestación.

El último informe de EsadeEcPol y EY Insights hace un análisis pormenorizado en concreto del reparto de subvenciones. De los 28.500 millones en convocatorias de ayudas, el 80% corresponde a la administración central, 22.900 millones, frente a los 5.100 millones de comunidades autónomas, los 830 millones de publicados por entidades locales y los 430 millones de universidades públicas.

Parte de este levantamiento, en realidad su transferencia del Gobierno central a otras administraciones que luego fueron sus encargados de ejecutar los fondos europeos. En concreto, de los 28.500 millones en subvenciones convocadas, 10.600 millones sus traspasos a CCAAcuidado u otras entidades públicas, y son los 17.900 millones restantes, casi dos tercios del total, los que sí están a cabar directamente en el tejido económico y social (entre ellos, 10.700 millones para pymes y 3.370 millones para grandes empresas).

En el caso de las subvenciones ya concedidas, la dinámica se repite. De los 9.300 millones de ayudas repartidos, 5.100 millones han ido a parar a comunidades autónomas y ayuntamientos, mientras que 4.200 millones habrían llegado directamente al tejido productivo, económico y social español (o sólo 3.400 millones si se excluyen las ayudas recibidas directamente por las universidades públicas). Esto es, de los casi 18,000 millones de subsidios convocados que no tienen como beneficiario una administración, ha sido concedido entre el 19% y el 23% e inyectado de manera efectiva a la economía real.

«El ritmo de ejecución adquirido en los últimos meses ha sido más que significativo», sostiene el Observatorio en su informa. «Las cantidades dispuestas para subsidios son elevadas, reflejando sin duda una apuesta clara por parte de las administraciones por una mayor celeridad en las publicaciones», en particular desde el pasado mes de mayo. Sin embargo, «las concesiones siguen aún a un ritmo mucho más lento, al depender de procedimientos administrativos que demanden de una mayor complejidad y, por ello, de mayores períodos de realización», apunta.

‘Velocidad de crucero’

Frente a las críticas de la oposición y las empresas sobre la lentitud en la ejecución de los fondos y la tardanza en su llegada a la economía real, el Gobierno central defiende que es el país de la UE que más rápido está desplegando los fondos y que la puesta en marcha del Plan de RecuperaciónTransformation y Resiliencia ha alcanzado su “velocidad de crucero” este año y que 2023 será cuando se produzca el “máximo uso” de los fondos UE.

El Ejecutivo ha vuelto ha convertido los fondos europeos en un punto de apoyo para impulsar las inversiones y apuntalar el crecimiento económico, incluyendo en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año gasto correspondiente a fondos UE por un importe total de 25.156 millones de euros (23.840 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia y 1.316 millones del programa React EU). El nuevo paquete de fondos europeos se suman a los cerca de 53.000 millones recogidos en los dos presupuestos estatales sacados adelante por el Gobierno de Pedro Sánchez en los años anteriores: 26.634 millones que se contemplaban en las cuentas de 2021 y los 26.355 millones de los presupuestos de 2022.

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Los 25.156 millones de fondos europeos que se incluyen en el proyecto PGE se alimentarán únicamente de los 70.000 millones de transferencias a fondo perdido de la Unión Europea comprometidas inicialmente en 2020, eso es lo que se ha conseguido en los presupuestos de ejercicios anteriores.

Además, entre los nuevos activos estatales se incluirán unos 9.500 millones correspondientes a la adenda al Plan de Recuperación que está descargando el Gobierno y que serán devueltos aproximadamente a Bruselas. En esa importación se contemplan tanto los fondos no reembolsables correspondientes a los fondos extra aprobados por Bruselas para que España haya registrado un crecimiento económico menor del esperado como un primer paquete de préstamos que el Estado español en última instancia tenderá a devolver a Bruselas con un interés más bajo.