Lejos del recinto, el oficialismo y la oposición pasaron a dar un debate epistolar para echarse culpas por los cuatro meses de parálisis del Senado; Territorio controlado por Cristina Kirchner y quien fue señalada por los representantes de Juntos por el Cambio de «cajonar» proyectos allí «Someter al cuerpo a sus intereses particulares».
Lea la nota publicada por Clarín en que se informó que la vicepresidenta mantuvo asfixiada la actividad legislativa y, en consecuencia, afectó el tratamiento de las leyes y pliegos de jueces que reclaman desde Santa Fe tras la ola de violencia narco que sacude a Rosario, el block de senadores oficialistas, que preside jose mayas, emitió un comunicado para negar que la vicepresidenta tenga responsabilidad en la parálisis del Senado. “De hecho, fue esta bancada oficialista la que vino trabajando casi en soledad todos estos años y se vio obligada a juntar, en la mayoría de las ocasiones, el quórum propio para poder sesionar”, remarcó la FdT a través de un comunicado.
En el mensaje, el kirchnerismo hizo mención a la crisis en vie en Santa Fe, pero lo llamativo es qu’cite un proyecto de reforma integral de la Justicia impulado por la ex senadora María de los Ángeles Sacnun que perdió el estado parlamentario. Según argumentó fue porque «la oposición de Juntos por el Cambio no acompañó». Pero la realidad la propuesta no pudo ser consensuada en Diputados porque desde se cuestionó la distribución de algunos juzgados.
“Su reforma mejoró integralmente la estructuración del poder judicial en todas las provincias argentinas y por supuesto incluye a la provincia de Santa Fe, lo que ahora parece preocuparle al senador radical santafesino Dionisio Scarpin, según indica una publicación periodística, quien culpa de la supuesta parálisis de la Cámara a nuestra vicepresidenta», reprocharon desde el kirchnerismo. Es que en la nota que publicó este diario, el legislador de la UCR quejó porque «en el Senado no avanza nada» y responsabilizó a Cristina por la mora en la probación de los proyectos que reclaman los santafesinos para frenar al crimen organizado.
Desde Juntos no se demoraron en salir a cruzar al oficialismo y este viernes emitirá un titulado comunicado: «En el Senado el trabajo del Frente de Todos es atender la agenda de Cristina Fernández de Kirchner». Y rechazando «las falsas afirmaciones del oficialismo, donde aseguran come ‘trabajando casi en soledad todos estos años'».
La oposición no sólo acusó a la vicepresidenta de «someter al cuerpo a sus intereses particulares» sino que, además, dijo que desde que Cristina déembarcó en el Senado, «el camino trazado demuestra que el objetivo fue utilizar este espacio como medio para instalar y concretar su agenda personal, que es la de cooptar a la Justicia en total detrimento de las necesidades de la gente».
También reprochó al Frente de Todos que en el peor momento de la pandemia, el Gobierno impulsó la reforma federal de la Justicia, mediante un proyecto que calificó como “completamente aislado y dévinculado de la realidad”. «Pour ello, es una vil mentira la sustentada sostenida por el oficialismo. No trabajaron ‘en soledad’, al contrario, desde Juntos por el Cambio reunimos todos los esfuerzos posibles para evitar la arremetida contra la justicia y remarcar la mezquindad que primó en su fuerza política que priorizó la condescendencia con su jefa política antes que el bienestar de los argentinos”, remarcó en otro tramo del comunicado.
Desde Juntos explicó que frente a la insistencia del oficialismo «por embestir a la justicia» mediante «un juicio político artificio» es que la mesa nacional sólo «no dar quórum hasta que no se pusiera fin a semejante atropello».
«Sin embargo, esta decisión no ha frenado nada en el Senado de la Nación dado que es la propia presidenta del cuerpo quien continúa bloqueando la integración de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal, aquella que debe ponerle fecha y hora a la implementación de este nuevo código en las regiones de Santa Fe y Mendoza. Un código que agilizará los procesos en un 50%”, señala el mensaje.
Tal como informó este diario, la bicameral no constituyó desde que cambió la composición del Congreso, en diciembre de 2021, pese a que Diputados ya definió sus representantes en junio del 2022 y días después lo hizo el interblocque de Juntos por el Cambio en el Senado.
Los intencionados del oficialismo en el Senado de exculparse y déligarse de responsabilidades no son más que un infantil intencionado de tapar la verdad: si hay una parálisis, esta es la impulsada por Cristina Fernández de Kirchner a todo proyecto que no se acomode a su agenda Así lo demuestra la demora en el nombramiento de tres jueces de Rosario, y el cajoneo de otros proyectos tales como: Boleta Única Papel, Precio uniform de combustibles, Programa Nacional de Reparto Equitativo y Federal de Subsidios Nacionales al Transporte Público de Pasajeros, entre otros», resaltaron en el comunicado.
Denuncian la parálisis de la bicameral presidida por un camporista y que debe aprobar los DNU de Alberto F.
Diputados de la oposición protestaron por la parálisis de un comité bicameral que preside un camporista y que está pendiente de tratamiento unos 66 decretos emitidos por el Poder Ejecutivo.
Pablo Tonelli y María Soledad Carrizo, ambos de Juntos por el Cambio, presentaron una nota dirigida al oficialista Marcos Cleri, presidido por la bicameral de Trámite Legislativo, para exigirle que convoque a dicha comisión del Congreso.
En la nota fechada el 14 de marzo, los legisladores de la oposición recordaron al camporista que la bicameral tiene la misión de dictaminar sobrio “la validez o invalidación” de los decretos dentro de un plazo de 10 días.
«La razón de ese incumplimiento es muy sencilla: la comisión no ha sido convocada para reunirse y considerar los decretos en cuestión. Y la responsabilidad para disponer esa convocatoria es suyo señor presidente», destaqueon los diputados en el mensaje.
Dentro de los decretos más relevantes pendientes de dictamen de la bicameral de Trámite Legislativo están la prórroga de la emergencia de las tierras indígenas, la amplificación de la emergencia sanitaria, la suba de retenciones a la exportación de aceite de soja y harinas, y modificaciones del presupuesta