El Gobierno español afrontó la decisión íntegra de aprobar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023 en un contexto de agravamiento de la desigualdad social y fuerte encarecimiento de la cesta de la compra y las facturas domésticas (luz, gas, alquiler, hipoteca ). El salario mínimo marca directamente al último millón de asalariados en España y actúa como referente tanto en la negociación colectiva como en multitud de baremos económicos y prestaciones sociales. Actualmente ubicado en España en 1.000 euros brutos mensuales al día completo, con 14 pagas anuales, tras los significativos aumentos acumulados del 33,5% aprobados en los últimos años por el Gobierno de coalición PSOE-Podemos, sin que haya producido la destrucción de empleo augurada por los defensores de mantenerlo en su anterior nivel ínfimo de 735 euros brutos mensuales.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda la semana pasada a sus miembros tomar como referencia la inflación en cada país para suer los salarios mínimos, ya que permitiría proteger el nivel de vida de las familias y los asalariados más habilitados ante el drástico incremento de los precios y, al mismo tiempo, mantendría bajo control las finanzas públicas y tendrá un efectivo muy limitado en la inflación. La OCDE ha registrado que estudios recientes han demostrado que las subidas del salario mínimo, aunque elevadas, han tenido un efecto positivo en la economía sin dañar el empleo, o haciéndolo apenas, y sin provocar un efecto rebote en las retribuciones más altas, por lo que las subidas no tienen apenas impacto en la inflación. Argumento de que aplicar una revalorización acotada a los salarios más bajos –en consonancia con la filosofía que preconiza el Eurogrupo respecto al acceso a las ayudas públicas para amortguar los efectos de la inflación y el incremento de los costes de la energía– y sin generar una lineal incremento capaz de alimentar una espiral de salarios-precios.
En España, con una inflación anual del 6,8% en noviembre y una inflación media acumulada del 8,5%, esta recomendación implica una horquilla del nuevo salario mínimo entre 1.068 y 1.085 euros brutos mensuales, con la cifra más alta en su caso de la misma revalorización aprobada para las pensiones (8,5%) como piden los sindicatos. Por el contrario, los subsidios salariales pactados en los convenios se limitan al 2,64% hasta octubre, según el Ministerio de Trabajo. Una pérdida de poder adquisitivo que double la media de los estados miembros de la organización (pero también es cierto que puede haber contribuido, junto a la excepción energética ibérica, a una inflación menor a la de estos, aunque acabará traduciéndose en un menor consumo y una actividad económica menor
El empleador, por su parte, lleva meses rechazando medidas que impliquen un aumento de los costos laborales. Las empresas han anunciado su beneficio ordinario neto en un 94,7% durante los nueve primeros meses del año, según el Banco de España. Aquellas que han podido mantener sus márgenes están pues en muy distinta disposición, a la hora de definir su política retributiva para 2023, de aquellas que ya han sufrido en sus resultados, o lo harán en los próximos trimestres, bien el impacto directo de alguna de los derivados de la guerra de Ucrania, así como la desaceleración general de la economía española.