Bajo el más fuerte ataque de Cristina Kirchner de diciembre de 2015, la Corte decidirá, del miércoles, if rechaza la inédita recusación que le plantó el Gobierno nacional por la cautelar que seguramente paysle parte de los fondos coparticipables quitó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Además, si también desestima el pedido del presidente Alberto Fernández de revocatoria in extremis del mismo cautelar, entre otras causas políticamente «calientes».
The vicepresident seguramente, y Alberto luego se plegó, pedir el juicio político de los cuatro miembros del máximo tribunal, aunque sabe que no tiene los votos necesarios en el recinto de Diputados para destituirlos. pero si puede desgastarlos en términos políticos.
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti saben que, además, está en juego el pago de, hasta ahora, 1,400 millones de dólares acumulados en concepto de participación conjunta federal.
Se trata de los fondos qu’Alberto quitó a la CABA y le dio al gobernador bonaerense Axel Kiciloff desde ciembre de 2020, según una estimación hecha por funcionarios del gobierno porteño consultada por Clarín.
El gobierno de Fernández ningún acto la restitucion de fondos que dispuso la cautelar pero si acato la decision de la Corte qu’anuló una ley del Congreso para pasarle una suma fija del presupuesto nacional a la CABA por el traspaso de la Federal que son otros $25 millones. “El gobierno nacional acata lo que quiere”, se quejó una fuente del larretismo.
Para constitucionales como Daniel Sabsay o Félix Lonigro, la Corte tiene que rechazar esos recursos de la Casa Rosada por principios legales basicos. Por un lado, los jueces se recusan al comenzo de un proceso y no dos años después porque su fallo no te gustó. Por otro, la revocatoria in extremis es solo para casos de errores en los fallos, entre otros argumentos. Para los expertos, la Corte podría rechazar esas dos medidas en un solo acto.
Pero a del miércoles, cuando termine la feriajudiciaire, también tendrá que mover sus fichas en este juego de ajedrez político-judicial, el gobierno nacional y la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
El Procurador General de la CABA, Gabriel Astarola, ha elaborado un proyecto de pedido de «expulsión forzada» del fallo de la cautelar que supone trabar embargos sobre los fondos del Banco de la Nación y Cobra Multas a los funcionarios que incumplen el fallo. Pero Rodríguez Larreta, conocido por su prudencia, decidir la «oportunidad política» de esa dura medida.
En fuentes de Juntos por el Cambio no se descarta que el gobierno nacional, por su parte, pida al Procurador General del Tesoro y cerebro jurídico de Cristina, Carlos Zannini, que la solicitud a la Corte de que se abstenga de decidir hasta que ponga fin al juicio político en su contra.
“Con esa medida no se puede atar las manos a la cortesino cualquier que tuviera un pleito plantaría un juicio político para retrasar decisiones”, explicó esa fuente.
A esta altura, queda claro que el kirchnerismo no solo busca retrasar la cuestion de la cautelar sino el fallo de fondo sobre cuánto le corresponde a la CABA de la coparticipación federal.
Un fallo de fondo debería decir si le corresponde a la CABA el 1.4 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que había hasta el 2015, el 3.5 que dispuso Macri, o la cifra provisoria del 2.95 que utilizó la Corte en el cauterio. Y en ambos casos, el kirchnerismo no quiere que Larreta, uno de los precandidatos presidenciales de JxC, disponga de esos 1.400 millones de dólares o más durante la campaña electoral de este año.
Pero el incumplimiento de la cautelar, que ya lleva más de un mes, no perjudica en términos penales a Cristina, Sino a Alberto ya los ministros de Economía, Sergio Massa, y del Interior, Wado de Pedro, quienes fueron notificados del fallo. También a todo el directorio del Banco de la Nación, que es el que le debe pagar a la CABA.
En paralelo, el partido federal Daniel Rafecas Concentró por conexión tres denuncias contra ellos por desacato a la Corte. Las que presentaron los diputados de Elisa Carrió encabezados por Juan López, los de Graciela Ocaña y el procurador porteño Astarola.
Rafecas, ya recibiste notificaciones, ya partie del miércoles deberá a empezar a tomar decisiones sustantivas en una causa en la que el delito esta probado ya cielo abierto. Para un par de penalistas, la publicación en el Boletín Oficial del proyecto de ley para pagarle a la CABA en bonos y no en efectivo, como dice el fallo, es la prueba mas clara del incumplimiento. Si no paga, se vende una situación judicial complicada para un presidente que, hasta ahora, solo tenía una contravención por las «fiestas de Olivos» durante la cuarentena del Covid.
En la última semana de diciembre, los abogados de la Procuración de la Ciudad se presentan de nuevo ante la Corte para Rechazar el pago de los impuestos coparticipables con bonos llamados TX31.
Los funcionarios porteños fundaron la protesta en que la Constitución prescribe que los fondos coparticipables deben «estar disponible y líquidos al momento de ser recibidos por el distrito».
«La Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 2, establece expresamente que los mecanismos de coparticipación deben garantizar la automaticidad en la entrega de los fondos, lo que implica disponibilidad y liquidación, dos características de las que carecen los bonos”, señalóon.
En forma paralela, un grupo de gobernadores peronistas solicitó una notificación a la Corte por ser tenidos en cuenta como partes al momento para definir la distribución de impuestos coparticipables entre los distritos, sobre la base de lo que considera «beneficio injusto para la Ciudad».
Se trata de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Alicia Kichner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco) y Gildo Insfrán (Formosa) se presentaron ante la Corte con recursos distintos. El fallo no afecta a ninguna provincia. Sí a Kicillof que fue el beneficiario de la poda de los recursos de la CABA.
Kicillof no se quedó solo en la queja. fr una maniobra de foro de compras (elegir el juez amigo) hizo una denuncia la semana pasada cuando el juez cristinista Alejo Ramos Padilla estaba de turno contra Silvio Robles, el vocero de Rosatti, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, por los chats hackeados a éste último .
Kicilloff Copiar la denuncia del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y solo le añadido unos párrafos sobre coparticipación que perdería si cumple la cautelar de la Corte. Kicillof denunció “tráfico de influencias” sobre la base de gatos obtenidos de forma ilegal y sabiendo que el juez federal porteño Sebastián Ramos archivó allí una causa por los mismos hechos.
¿Cómo empezó este conflicto? En 2015, el presidente Mauricio Macri, sufrió el costo de la coparticipación porteña del 1.4 por ciento al 3.75, un incremento de más de dos dos puntos que justificó en el costo del traspaso de la Policía Federal a la CABA.
En septiembre de 2020, el sucesor de Alberto Fernández por pedido de cristina bajo esa cifra al porche original. Contra esa decisión recurrió a la Corte el jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta, por ser el máximo tribunal el que interviene en los juicios entre la Nación y las provincias y ser una pregunta de habilidad original.
La CABA reclamó a la Nación que los pagara los «fondos retenidos» desde septiembre de 2020, más interesados, y señaló que «además de un perjuicio financiero, es una vulnerabilidad de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma«.
Así comenzó un proceso de años atrás in el que la Corte convocó a las partes para que resolvieran sus diferencias y pusieran el porcentaje voluntariamente pero el intento mediador del que participó el minister del Interior, Wado de Pedro, fracasó.
El 21 pasado la Corte a la unanimidad dispuso que el Gobierno Nacional le page a la CABA el 2.95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que recibe el gobierno nacional y que no afecta a las provincias.
La primera reacción del gobierno de Alberto Fernández, que terminó siendo un catorce gobernadores, fue que el fallo era de «incumplimiento imposible», luego mutó a proponer un pago con bonos y más tarde à order un proyecto de ley para que el Congreso «autor» a su gobierno a cumplir con el fallo. Ahora, después de la feria, la toca decide en la Corte.