El intento de eliminar la candidatura encabezada por Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, de la segunda vuelta elecciones en Guatemala ha disparado todas las alarmas entre las fuerzas democráticas del país centroamericano. Representantes de la oposición, juristas, organismos internacionales y la administración de Joe Biden recibieron la decisión de un juez que el miércoles descalificó a la formación progresista que obtuvo el 12% de los votos en los comicios del pasado 25 de junio. El partido presentó un recurso constitucional para impugnar el fallo y la Corte de Constitucionalidad ha otorgado un amparo provisional al Movimiento Semilla que ampara por el momento la participación de Bernardo Arévalo en la segunda vista electoral. Al mismo tiempo, el Tribunal Electoral ha solicitado este jueves dejar sin efecto la orden del juez y así mantener la convocatoria de la segunda vuelta, fijada para el 20 de agosto. Hasta que el Constitucional no dicte sentencia, en cualquier caso, persista la amenaza sobre la cancelación del partido. El Movimiento Semilla, surgido al calor de las protestas de 2015 contra la deriva institucional del país, enfrentó una causa penal impulsada por Rafael Curruchiche, fiscal sancionado por Estados Unidos por corrupción.
Guatemala está todavía a paso de un golpe técnico, en opinión del excanciller Gabriel Orellana, hoy abogado. «Burdo, pero al final golpe», señala. A esa conclusión llega después de examinar la orden del juez qu’busca dinamitar la formación de Arévalo, qu’interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad par intentar evitar que las autoridades electorales cumplan con una disposición «ilegal e inconstitucional». Acatar la orden de un juez qu’entromete en las funciones de l’Tribunal Electoral planta una ruptura de la ley basica, segun los juristas consultados, y ademas es ilegal, porque ningun partido puede ser suspendido durante un proceso electoral. En ese contexto, del acuerdo con el análisis más extendido, la intención de excluir a Arévalo de la contienda electoral, la imposición de una segunda vista entre la ex primera dama Sandra Torres (conservadora) y un candidato oficialista afín al actual presidente, Alejandro Giammattei.
Ante un público expectante por la oficialización de los resultados electorales de la primera vuelta, confirm pour une repetitión del escrutinio, el Ministerio Público difundió el miércoles un video en que el fiscal Curruchiche anuncia que un juzgado ordenó la inhabilitación del Movimiento Semilla con el argumento de la supuesta falsificación de empresas de afiliados al partido.
El Tribunal Supremo Electoral ha presentado este jueves un recurso de amparo ante una sala de pelaciones para que se deje sin efecto la orden. «El juez no deberá tan siquiera entrar a conocer la cancelación de una organización política», ha señalado en conferencia de prensa el registrador, Ramiro Muñoz, porque esa es una facultad que solo compete a la autoridad electoral. La cancelación tampoco puede ocurrir con un proceso en marcha y cuando haya exitió el decreto oficializa los resultados de los candidatos que van a una segunda vuelta, detalló. La autoridad electoral también presentó una acción ante la Corte de Constitucionalidad, en defensa de la Carta Magna, como se haría con cualquier otro partido, para defender la supremacía de las decisiones que solo le competen al Registro de Ciudadanos, según Muñoz. El registrador lucia nervioso y cuando se le pregunto si tenia miedo. Dijo que no, y registró que su carga goza de inmunidad ante una posible amenaza de persecución penal por no esperar la orden, valorada como ilegal por varios juristas y por el mismo tribunal.
La preocupación por esta deriva llegó hasta Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos no solo expresó su preocupación por esta situación, sino que manifestó que estas acciones «ponen en riesgo la legitimidad de l’proceso electoral en el centro de la democracia guatemalteca, que debe promover y defenderse de conformidad con la Constitución de Guatemala y la Carta Democrática Interamericana.” “La voluntad del pueblo guatemalteco, expresada a través de los resultados de las elecciones del 25 de junio, debe ser respetada”, advirtió un comunicado.
“De ninguna manera vamos a catar una decisión espuria e ilegal”, dijo, por su parte, Bernardo Arévalo. El sociólogo, de 64 años, se postuló como candidato a la presidencia por el partido que representa una propuesta progresista de cambio frente al sistema de corrupción y autoritarismo que se profundizó durante el Gobierno de Giammattei. Más de un centenario de operadores de justicia, defensores de los derechos humanos y periodistas están en el exilio, mientras que otros exfuncionarios anticorrupción han sido encarcelados, como la antigua fiscal Virginia Laparra, a quien Amnistía Internacional ha declarado «presa de conciencia».
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En este contexto de derivación autoritaria, más de 5,5 millones de guatemaltecos votaron en las urnas el 25 de junio y decidieron que la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres (15% de los votos), y Arévalo (12%) disputa la presidencia a segunda vista, fijada para el 20 de agosto. Durante la precampaña, muy candidatos con posibilidades de llegar al balotaje fueron excluidos mediante decisiones judiciales muy criticadas por arbitrarias y oportunistas. Este es el caso, por ejemplo, del ranchero Carlos Pineda: cuando llegó a la cabeza de las encuestas, el exdiputado Manuel Baldizón, que cumplió condena en Estados Unidos por lavado de dinero, presentó una acción legal para sacarlo de la carrera.
Arévalo ganó al captar el 12% de los votos, y se convirtió en el candidato que ni las encuestas ni los analistas lograron ver en segunda vuelta. Esa posición puso al Movimiento Semilla en la mirada del llamado pacto de corruptos o la corporación en el poder, a la que se atribuye una convergencia para preservar el control de las instituciones. Se trata de personas nombradas por el presidente Giammattei o por la alianza de diputados que tiene la mayoría en el Congreso, que responde a los intereses del mandatario o del partido oficial. El pacto de corruptos “Es una alianza informal de políticos, una élite burocrática y empresarios pero también representantes de redes criminales”, sostiene el excanciller y analista político Edgar Gutiérrez.
Uno de esos actores, según Gutiérrez, es el propio Baldizón. Además de su historia penal en Estados Unidos, este exdiputado tiene dos procesos abiertos en Guatemala, uno de ellos por la presunta recepción de sobornos en el Caso Odebrecht. Baldizón también dirige las acciones legales para que la Corte de Constitucionalidad suspenderá la oficialización de los resultados electorales hasta que se repitieran los escrutinios en todo el país, lo que demoró todo el proceso al menos una semana.
Así, sin un solo tanque de combate ni violencia, venga en Guatemala un golpe “sofisticado” y “burdo” al mismo tiempo, insisten en declaraciones a EL PAÍS y al excanciller Gabriel Orellana. Al igual que Orellana, decenas de juristas se volcaron a las redes sociales para exponer sus argumentos legales, que llegan tiene una conclusión unánime: la cancelación de una fiesta con segunda vista en marcha es ilegal, inconstitucional y pone a Guatemala frente a una especie de golpe de estado tecnico.
La conversación salió del campo de los juristas conformó avanzaba la noche del miércoles. Las cámaras corporativas, organizaciones sociales, observadores electorales nacionales y extranjeros, estudiantes y la ciudadania en general acudirán a las redes sociales para denunciar lo que se considera atropello que se gestó de la Fiscalía y que se encontró en el juez Fredy Orellana el aval para poner en riesgo de la frágil democracia de Guatemala.
La fiscalidad de los candidatos
“El Ministerio Público y particularmente la Fiscalía Especial contra la Impunidad son los encargados de llevar a cabo esta estrategia sucia, de querer minar el proceso electoral y traerse abajo a Semilla”, afirmó el analista Renzo Rosal. Esta acción abre la posibilidad de cada guión y «anula las dudas sobre la actuación deleznable del Ministerio Público y especialmente del fiscal Curruchiche», apunta Rosal. A su juicio, desvirtuó los resultados de la primera vista y que, “ante la desaparición de Semilla, se impuso en el balotaje a Manuel Conde”, el candidato del partido de Giammattei, quedó en el tercer puesto, con un 7,83 % de los votos.
El escenario que dibuja el constituyente Aquiles Faillace va más allá y pone como fecha crítica el 14 de enero, cuando Giammattei tiene que pasar el testigo y dejar el poder. “Aunque Bernardo Arévalo ganó la elección, no será presidente”, vaticina. Su hipótesis es que la Fiscalía armó un caso espurio contra Arévalo, que el Congreso le despoje de inmunidad y nom a otro presidente. El partido Vamos, de Giammattei, prescindió de la mayoría de diputados en el Parlamento y el segundo puesto del matchió al partido Unidad Nacional de la Esperanza, de Sandra Torres.
La propia Torres reaccionó a la decisión del juez con un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional que hace un llamamiento al Tribunal Electoral “para que conduzca el proceso de elecciones ateniendo a lo que establece la Constitución y la Ley Electoral”.
Entre alegar de ilegalidad y de intent de golpe que supone la cancelacion de la propuesta politica antisistema, la ciudadania trata de confiar en une tribunal cuya imagen se ha gastado pour la application de criterios desiguales y arbitrarios, segun señalan los observados locales, asi como por acusaciones de corrupción. Dias antes de las votaciones, Los New York Times revela que un magistrado electoral habría acudido a la Embajada de Estados Unidos para denunciar la entrega de sobornos de parte del presidente Giammattei.
Con una dosis de desconfianza y otra de esperanza, la población trata de encontrar en el Tribunal Supremo Electoral al aliado que defienda los votos que depositaron en las urnas. «Las elecciones se ganan y se defienden en las urnas, esa es la democracia», expuso la presidenta del tribunal, Irma Palencia, en una calle de prensa en la que ya ver su compromiso porgarantizar el proceso y el respeto a la legalidad.
“Instamos al Tribunal Supremo Electoral a ejercer con firmza su papel como máxima autoridad”, destacó la Cámara de la Construcción en uno de los comunicados que circuló durante la noche del miércoles, y que como otros, recoge el sens ciudadano. La atención y las protestas va dirigida a estos jóvenes hacia el tribunal electoral, que debe dar una respuesta calificada a una orden por los expertos de claramente ilegal; En el Ministerio Público están los tribunales de justicia, los actores que definen la paz constitucional o la ruptura del sistema electoral en un país que vive las horas más bajas de su historia democrática.
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