Un Tribunal Supremo dividido ha rechazado una teoría trumpista que ponía en juego el futuro de la democracia en Estados Unidos. bajo el tecnicismo del caso Moore contra Harper estaba en juego conceder al poder legislativo de Carolina del Norte (y, por extensión, a los demás parlamentos estatales) la capacidad para regular a su antojo los comicios, con el riesgo de manipular la voluntad del electorado y, en último extremo, alterar incluso las reglas por las que nombran a los estados electores para la designación de presidente. Los jueces rechazan esa teoría, conocida como la «legislatura estatal independiente».
Ha sido decisiva la posición de tres jueces conservadores en este caso más moderados, que han alineado con los progresistas en una sentencia dictada por 6 votos a 3. La frase Ha sido escrito por el Presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que se ha argumentado que “los Tribunales Estatales conservan la autoridad para aplicar las Restricciones Constitucionales Estatales en cuanto a la Legislatura Actuarial con base en el poder que les ha encomendado la Cláusula Electoral . Pero los tribunales federales no deben abandonar su propio deber de ejercer la revisión judicial”.
Junto a Roberts votó por los tres jóvenes progresistas (Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown-Jackson) y los conservadores Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. A cambio, Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch formularon votos particulares. En la vista oral ya mostró su simpatía por dar más poder a las legislaturas estatales, controlada en su mayoría por los republicanos.
El caso que revisó surge de que el Tribunal Supremo de Carolina del Norte se anularon los mapas electorales dibujados a su favor por los republicanos, que controlaran el Congreso estatal, pues pensaron que era demasiado partidista y artificial, un caso extremo de manipulación (el diseño de los distritos para beneficiar a un partido). El presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, Timothy Moore, recurrió alegando esa «doctrina de la legislatura estatal independiente», que defiende que solo los parlamentos estatales y el Congreso en Washington tienen potestad para decidir las reglas de las elecciones federales: las elecciones presidenciales y las legislativas.
Sección 1 de la Constitución de los Estados Unidos dice en la conocida como Cláusula Electoral: «Los lugares, épocas y modo de celebrar las elecciones para senadores y representantes se prescribirán en cada Estado por la legislatura respectiva, pero el Congreso podrá formular o alterar las reglas de referencia en cualquier tiempo por medio de una ley (…)”.
La cuestión será si cuando la Constitución habla de las «legislaturas estatales» daba carta blanca al poder legislativo para saltarse incluso las constituciones estatales y el control de los tribunales. Si la tradición asentada se rompe durante toda la historia constitucional estadounidense y se considera así, las impresiones hubieran sido tremendas, porque abriría paso a todo tipo de maniobras más agresivas para favorecer al partido propio por parte de los parlamentos estatales.
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El Supremo rechaza esa doctrina. La Constitución “no exime a las legislaturas estatales de las restricciones ordinarias impuestas por la ley estatal”, de la sentencia “Desde muy temprano en la historia de nuestra nación, los tribunales han reconocido su deber de evaluar la constitucionalidad de los actos legislativos”, apunta. “Se nos pide que decidamos si la Cláusula Electoral establece una excepción a este principio básico. Seguramente no. La Cláusula Electoral no aísla a las legislaturas estatales del ejercicio ordinario de la revisión judicial estatal”, concluyó.
Según el Supremo, los tribunales estatales conservan la autoridad para aplicar las constitucionales estatales cuando las legislaturas actúan en virtud del poder que las encomienda a la Cláusula Electoral.
El Supremo indica que los tribunales estatales no pueden revisar a capricho los sino mapas electorales que pueden ser objeto de revisión por parte de los tribunales federales. “Al interpretar la ley estatal en este ámbito, los tribunales estatales no pueden exceder los límites de la revisión judicial ordinaria hasta el punto de inmiscuirse inconstitucionalmente en el papel específicamente reservado a las legislaturas estatales”, dice. Ese aspecto es clave para haber logrado un punto de encuentro entre conservadores y progresistas.
En este caso se dirimía si el tribunal estatal tenía derecho o no a revisar la carta electoral propuesta, pero no el fondo de la cuestión, si ese reparto de los distritos era demasiado partidista o no. «Dado que no necesitamos decidir si eso ocurrió en el caso de hoy, se confirmó la sentencia del Tribunal Supremo de Carolina del Norte», de la sentencia
Lo curioso es que el caso carece de repercusiones pácticas en Carolina del Norte, pues la composición de su Tribunal Supremo estatal ha cambiado desde que se anuló el mapa electoral y los nuevos jueces conservadores han revertido la decisión anterior de anular el mapa. Las elecciones legislativas del pasado noviembre se celebrarán con un mapa electoral decidido por una comisión de expertos y dado como resultado que republicanos y demócratas lograron siete representantes cada partido, en línea con sus porcentajes de voto. Con el mapa anulado por partidista (y luego rehabilitado por el nuevo tribunal estatal), el resultado habría sido de 10 escaños para los republicanos y 4 para los demócratas.
Aunque en Carolina del Norte la sentencia no tenga ahora consecuencias prácticas, sus implicaciones podrían haber sido enormes para todo el país en caso de haber aceptado la teoría de la legislatura estatal independiente.
El Gobierno de Biden, por un lado, y ahí Comité Nacional Republicano, además, Habían obtenido en el caso con posiciones opuestas. Los republicanos consideran una exageración decir que si el Supremo fallaba supo favorecer «el fin de la democracia». Al final, han fallado en su contra.
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