Incremento de gastos e incumplimientos de la normativa vigente. “El Estado no se ha puesto en condiciones de realizar una política coherente y controlada” recurso a empresas de consultoría, critica el Tribunal de Cuentas, en un informe publicado el lunes 10 de julioque se basa, entre otras cosas, en el control de un centenar de mercados desde 2019 hasta 2022. A grandes rasgos, la institución confirma las conclusiones de la comisión de investigación del Senado, que había trastornado la campaña presidencial de Emmanuel Macron en la primavera de 2022, y llama a que el gobierno tome medidas en los años venideros.
En primer lugar, están las cifras: el gasto del Estado en servicios intelectuales ha aumentado considerablemente en los últimos diez años. De alrededor de 11 millones de euros en 2014, aumentaron a 103 millones en 2018, luego a 200 millones de euros en 2022, sin siquiera contar los gastos de TI.
Si estas sumas representan sólo una parte «mini yo» del gasto público -0,25% del presupuesto operativo del Estado- el pretexto de la crisis sanitaria, utilizado por el gobierno para justificar este aumento, no convenció a los autores. “La investigación revela que no hay una explicación global” y consecuente se prestó a esta subida de la factura, que fue, «en el mejor de los casos, observado», pero seguramente no decidido, anticipado o incluso explicado a posteriori. La falla, en particular, de los datos presupuestarios «mediocre», lo que aún impide un seguimiento preciso de estos servicios de asesoramiento. Así, los Ministerios de Educación Nacional y Ecología han estado en la«incapacidad» presentar a la Corte la lista de sus contratos con firmas consultoras.
Intrusión en el corazón mismo de las misiones estatales
El Tribunal de Cuentas reconoce que razones legítimas pueden justificar la subcontratación, como la falta de habilidades o recursos dentro del Estado. Pero muy a menudo los consultores “transferir tareas que podrían o deberían ser transferidas, salvo en circunstancias excepcionales, por funcionarios públicos”es deplorado en el informe, que enumera muchos ejemplos.
Así, en 2018, el Ministerio de Educación Nacional encomendó la reorganización de la dirección general de educación escolar a dos firmas consultoras, EY y Boston Consulting Group, mientras que este servicio habría tenido “vocación natural” para volver a la Inspección General del Ministerio. Por su parte, el Ministerio del Interior ha externalizado el control automatizado de radares, lo que representa una cuarta parte de sus servicios de consultoría no informática, cuando se trata de «Misiones estatales ahora permanentes». De même, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie a largement accru son recours à des cabinets de conseil pour l’appui au déploiement du plan de relance, dont elle porte 25 % des crédits, alors qu’ se trata de’«acciones pesadas que requirieron la disponibilidad de especialistas» dentro del estado “No es normal ver firmas consultoras asumiendo tales funciones”cree Pierre Moscovici, primer presidente del Tribunal de Cuentas.
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