La agresión del sindicalista Pablo Molina da en medio de una interna en el gremio. La Justicia lo dictó a prueba.
El video de una cámara de seguridad grabado en el momento en que pablo molinasecretario general de la UOM de Tres de Febrero, agrede y amenaza con un cuchillo un empleado de la fábrica de Stellantis (Ex Peugeot – Citroen). A pesar de que la Justicia dictó una libertad condicional, ahora la denuncia de la víctima fue ampliada con mayor cantidad de pruebas.
Según se puede ver en la filmación de la sede del gremio, ubicada en la calle Amadeo Sabattini al 4900, el dirente sindical se dirige hacia la ubicación de la víctima, eduardo martinezy sin mediar demasiadas palabras intenta pegarle, lo toma del cuello y lo amenaza con un cuchillo.
En las imágenes siete forcejeos y amenazas. Los hechos fueron ratificados por los empleados del lugar y denunciados posteriormente por Martínez.
Según consta en la denuncia, no hay precisiones acerca de los motivos que desataron el hecho violento. Pero, fuentes policiales confirman que se trataría de “diferencias” para un feroz interna en el manejo gremial de la UOM.
Lo cierto es que tras el ataque, Martínez no volvió a su lugar del trabajo y denunció penalmente a Molina por la agresión y amenaza.
“Esto es la prueba de la impunidad. Martínez es un delegado gremial de la fábrica Stellantis, y Molina es un superior de él. Acá no hubo provocación por parte de mi defendido, ni siquiera diálogo”, aclaró Néstor Cañete, abogado del agredido.
En charla con TN, el abogado aclaró que Molina “insultó y amenazó de muerte dos veces” pudo defenderlo.
“Martínez había al gremio para hacer una consulta administrativa y fue atacado directamente por este señor que ocupa un lugar dentro de una farmacia administrativa y va todos los días”, continúa Cañete.
“Estamos ante un caso de abuso de uso de arma y amenaza de intención de homicidio, y la Justicia le aplicó una libertad condicional por tres meses a Molina. Esto es insólito. Molina debería ir dos horas por sábado a un comedor de Loma Hermosa, pero se ofreció a cerrarlo con un acuerdo económico de 30 mil pesos en tres cuotas”, se quejó el abogado.
La denuncia fue radicada apenas tuvo lugar la agresión y ampliada tras resolverse la libertad condicional. Interviene la Fiscalía número 1 de San Martín con el Juzgado de garantías número 2 de la misma localidad.
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