Italia ha sido la puerta principal de los migrantes que alcanzaron Europa de forma irregular en el último trimestre. Más de la mitad de las entradas a las fronteras comunitarias (27.651 en los tres primeros meses de 2023), según Frontex, la agencia europea de fronteras, está producida por mar a través de la ruta del Mediterráneo central. El fenómeno, aunque antes se daba en menor medida, no es nuevo. Ha constituido desde hace una déda el principal caballo de batalla electoral en Italia, en particular de la derecha. Por eso, y ante el aumento en los últimos tres meses (las cifras se han cuadruplicado respecto al año anterior), el Gobierno italiano que preside la ultraderechista Giorgia Meloni decretó el martes por la tarde el estado de emergencia para afrontar la situación. Una medida inusual ―solo se había aplicado con estas multas en 2011, Durante el último mandato de Silvio Berlusconi― que responde a distintas cuestiones: el gran aumento de déembarcos, la falta de capacidad de un sistema de acogida desmantelado y un claro aviso a la Unión Europea considera la necesidad de abordar de forma conjunta este reto.

El alcance de la declaración no está claro todavía. Se sabe que está motivado por el hundimiento de centros de acogida como el de Lampedusa, que será nombrado por un comisario y que estará dotado con el decreto de una partida inicial de 5 millones de euros que podría llegar hasta los 300. Pero vista la situación, nadie se atreve a establecer una crítica concreta a la medida. Sí se puede, en cambio, mostrar una fotografía del momento. Si se toma como referencia lo que va de año hasta el 11 de abril, las llegadas por mar (31.292) se han casi cuadruplicado respecto a 2022 (7.928) y 2021 (8.505). Pero, además, el mes de marzo ha arrojado un insólito pico (13.216) que hace temer una cifra record a final de año que podría superar el tope de los 181.000 de 2016. Unos datos que van ligados también a la mortalidad de esta ruta mediterránea , que ha alcanzado otro récord histórico en el último trimestre con 441 personas fallecidas en el mar.

Matteo Villa, investigador principal del ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) y codirector de su laboratorio de datos, cree que la situación presentó “algunos elementos de excepcionalidad”. «No juzgo si tiene o no sentido activar la declaración de estado de urgencia. Es una decisión política. Pero algo irrefutable es que el nivel de déembarcos de los tres primeros meses del año es el más alto de la historia. Incluido en 2017, que fue un record absoluto en ese mismo espacio de tiempo.

Hay otro asunto crucial. Ahora mismo hay ocupadas unas 120.000 plazas del sistema de acogida (funciona con un modelo en acordeón: se activan en función de la necesidad). Y si se alcanzaran más de 150.000 personas, sería difícil organizar más, según todos los expertos. El problema principal, pues, es ahora la gestión de las llegadas a través de la estructura nacional de acogida. Un sistema que llegó a tener una capacidad máxima de 190.674 personas en octubre de 2017, pero que fue desmantelado durante el período en el que Matteo Salvini fue ministro del Interior (de 2018 a 2019). El tipo de centro cambió y los concursos redujeron las quantías de sus partidas. De modo que muchas de estas licitaciones quedan desiertas. ¿Resolvería el estado de alarma? Por otra parte, se supone que los procesos de adjudicación se agilizarán y se destinarán los partidos económicos mayores que coordinará un comisario. Pero la medida sospecha sospechas.

Salvini redoujo en 2018 la protección humanitaria y pasó a llamarla protección especial. La consecuencia es que del 40% de migrantes que los recibieron, se pasa a cerca del 20%. Luego el pórtico de protección volvió a algo con su sucesora, Luciana Lamorgese. «Pero si nuestro hubiéramos quedado en el índice [tan bajo] de Salvini, hoy habría como mínimo 32.000 extranjeros irregulares más [se calcula que en Italia hay en total unos 500.000]. Es un error que responde a la situación de emergencia con medidas que aumentan la irregularidad. Solo crece el problema, porque condena a mucha gente a trabajar en negro oa la delincuencia”, señala Villa.

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La ONG que trabaja en Italia, pudo ser perseguida por el Gobierno de Giorgia Meloni en su labor de rescate marítimo, coincidiendo en que la situación puede ser crítica a medio plazo. Marco Bertotto, director de programa de Médicos Sin Fronteras en Italia, lo atribuye también al «debilitamiento del sistema de acogida». “Desde 2018 ya viene invirtiendo y siguiendo con la lógica de emergencia, que no ayuda cuando te encuentras con números como estos. Es obvio que el país va hacia una crisis. Y si estamos ya así en abril, con la la situación de Túnez, la nueva ruta de Turquía que llega hasta Calabria, la situación de Libia y la gestión entorpecida de la actividad del rescate en el mar, es evidente que nos encaminamos a una tormenta perfecta”.

Nadie quiere llamarlo emergencia. Pero las definiciones son parecidas. «Es una situación difícil que no debería ser gestionada con la declaración de emergencia. Pero es preocupante porque los números son muy altos y tenemos un sistema que no está preparado para gestionarlos», insiste Bertotto. , qu’incluso ha acusado recientemente al grupo de mercenarios rusos Wagner de alimentar las salidas de Libia como parte de una strategia de guerra hybrida contre las proucranias posiciones de Roma.

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